Como es bien conocido, una de los problemas de mayor trascendencia social desde la generalización del automóvil, allá por los años 60, es el de la seguridad vial.

         La legislación en materia de accidentes de tráfico puede parecer prolija, pero no deja de surgir del principio general según el cual quien provoca un accidente con intención o con culpa, debe responder del daño causado. Teniendo clara esta máxima, el resto de prolija normativa y situaciones se aclara bastante. En todo caso, no es esta entrada del blog de Muela Morillo Abogados el lugar para análisis jurídicos exhaustivos, sino más bien se trata de presentar la manera de actuar cuando se sufre un accidente de circulación.

         Lo primero que debe tenerse en cuenta, y mucha gente no cae en ello, es que en la mayor parte de los seguros del automóvil—más allá de la cobertura obligatoria de daños a terceros—suele incluirse la posibilidad de que el asegurado designe libremente al abogado que defienda sus intereses, pagado por la aseguradora, si el conductor, o los acompañantes, han sufrido lesiones a causa del siniestro. Ello facilita que el lesionado tenga libertad para seguir su reclamación a través de profesionales de su confianza, que les aseguramos les atenderán de forma más cercana que aquéllos que pueda designar la compañía aseguradora. También es habitual, en este caso, que la compañía puede intentar que sean sus abogados quien defiendan al que lo necesita, pero en ello solo se esconde un motivo económico, puesto que les suelen resultar más económicos los honorarios de sus letrados habituales que uno ajeno que nombra el asegurado. No obstante, a la más mínima insistencia de éste, la compañía debe ceder, al ser un derecho reconocido en el contrato de seguro.

         Así pues, una vez designado el abogado de confianza de la víctima, en esta firma procederemos a emitir la ya tratada hoja de encargo a través de la plataforma virtual, por la que podremos empezar a dar pasos de cara al resarcimiento de quien ha sufrido un accidente.

Los pasos a seguir a continuación son sencillos, pero siempre es conveniente un buen asesoramiento profesional por expertos en la materia.

         En primer lugar, en caso de accidente donde hayan acudido las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Local, etc.), será necesario localizar en el juzgado correspondiente el atestado realizado tras el siniestro. Suele ser este un documento fundamental para establecer quién ha podido ser el responsable de la colisión.

         Una vez establecido quién puede ser el presunto culpable, es necesario presentar una denuncia en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del accidente, pues debe establecerse la existencia de, al menos, una falta de lesiones por imprudencia que justifique el pago de una indemnización por los daños sufridos, que habría de asumir el responsable y, de forma directa, su compañía de seguros, lo cual garantiza su cobro.

         Una vez admitida la denuncia, el Juzgado citará al lesionado para un reconocimiento por el médico forense, el cual, visto el tratamiento seguido y las lesiones sufridas, emitirá el llamado informe de sanidad, que servirá de base para el cálculo de la indemnización, aunque, ojo, cabe la posibilidad de que dicho informe sea insuficiente o parcial y haya que acudir a otros informes más beneficiosos para los intereses del cliente.

         Tras estas pruebas, suele abrirse la posibilidad de negociar con la aseguradora del presunto culpable un acuerdo sobre la indemnización que evite la celebración del juicio de faltas. En caso de que esto no sea posible, se celebrará una vista y será el Juez quien decidas las responsabilidades y la cuantía de las indemnizaciones.

         Una vez terminado el asunto, como se ha dicho al principio, los honorarios de letrado los abonará la compañía de la víctima, y en el caso de que se exceda el límite del contrato, el cliente tendría que asumir ese exceso, caso que solo se daría en accidentes bastante graves, donde la indemnización sería mayor.

         Como puede verse, la posibilidad de resarcimiento del daño en caso de que pueda establecerse la existencia de un responsable es alta, y merece la pena intentar reclamar lo que se debe tras sufrir una experiencia desgraciada como un accidente de tráfico.